Vías legales que tiene un ayuntamiento para evitar la instalación de una macroplanta de biogás-biometano

1.  Informes desfavorables de compatibilidad urbanística a los proyectos

Si el uso propuesto no se ajusta al planteamiento urbanístico vigente en ese municipio, el Ayuntamiento puede emitir un informe desfavorable de compatibilidad urbanística por motivos medioambientales, contaminación de las aguas, accesos a las parcelas, protección agroambiental del terreno etc, siempre y cuando esté fundamentado técnicamente. Este informe es esencial para la tramitación de proyectos de este tipo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Lorca rechazó un proyecto de planta de biogás al considerar que el suelo en la zona era urbanísticamente inadecuado para tal instalación.

Si el ayuntamiento ya emitió un informe favorable al proyecto, lo puede revisar y, en su caso, revocar si se detectan errores o cambios en las condiciones del proyecto. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia) suspendió la concesión de licencias urbanísticas y revisó el informe de compatibilidad favorable concedidos a una macroplanta de biogás al considerar que el consumo de agua especificado en el proyecto no correspondía con la información aportada inicialmente. No solo por el consumo de agua, sino también por el contenido de nitratos en las aguas, se están paralizando macrogranjas, y plantas de biogás.

2. Negativa a declarar el interés público o utilidad social

En suelo rústico común, la autorización de usos excepcionales requiere una declaración de interés público o utilidad social por parte del Ayuntamiento. La negativa a emitir esta declaración puede impedir la tramitación del proyecto. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el vicepresidente segundo de la Junta defendió el derecho de los municipios a rechazar plantas de biometano si no cuentan con respaldo social, destacando que la decisión sobre la ubicación concreta es competencia municipal.

3. Alegaciones en procedimientos de evaluación ambiental de un proyecto

Los ayuntamientos pueden presentar alegaciones en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental o Autorización Ambiental Integrada, señalando incompatibilidades urbanísticas, impactos negativos o falta de interés público. Estas alegaciones pueden influir en la decisión final sobre la viabilidad del proyecto.

4. Suspensión de licencias urbanísticas

Los ayuntamientos pueden suspender la concesión de licencias de obra y actividad para este tipo de instalaciones mientras tramitan modificaciones normativas. Esta medida permite frenar temporalmente (durante un año, prorrogable a otro) los proyectos en curso. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete suspendió la concesión de licencias para plantas de biogás en todas las zonas industriales mientras modificaba su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para prohibir expresamente este tipo de industrias. O el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba).  

5. Modificación de la normativa urbanística o aprobación de ordenanzas municipales

Los consistorios pueden modificar sus planes urbanísticos (PGOU o normas subsidiarias) para restringir los usos. Esta medida requiere tramitación formal y aprobación en Pleno, pero ofrece una solución duradera. Municipios como Carrión de Calatrava han iniciado este proceso para evitar la implantación de plantas de biogás en su término municipal.

6. Establecer limitaciones mediante ordenanzas

Por ejemplo establecer límites de tonelaje en los caminos, lo que dejaría fuera a los camiones.

7. Por parte de los ciudadanos: recoger firmas como Iniciativa popular para forzar la convocatoria de un pleno

Se puede hacer recogida de firmas y exigir la convocatoria de un pleno para debatir el tema mediante una iniciativa popular, para lo cual hay que recoger el 20 % de las firmas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, el 15 % en ayuntamientos de 5.000 a 20.000 habitantes y del 10% en municipios de más de 20.000 habitantes.

Elaboración: Stop Biogás Zamora (FEDERACIÓN ZAMORA EN PIE)