Como era de esperar tratándose de la agroindustria, en plena pandemia y ante la emergencia climática la producción intensiva de alimentos, que tanto ha contribuido a ambas catástrofes según la OMS, pretende seguir como si aquí no pasara nada. A estas alturas, poco pueden sorprender tampoco actitudes como la del Gobierno de Aragón, que, lejos de echar el freno a la ganadería industrial con la que está cayendo, ha decidido apostar por el “lo veo y doblo”. Si la leyenda cuenta que el Titanic se hundió mientras la orquesta seguía tocando, en Aragón lo hacemos al ritmo de las licencias diarias de ganadería industrial del INAGA. Como si no fuera suficiente tener el macromatadero mayor de Europa en Binéfar, la macrolechería de Noviercas (en el Moncayo soriano, pero con repercusiones para pueblos aragoneses) y el mayor censo porcino de toda Europa (Huesca), además de haber desbancado a Catalunya como líder en producción de porcino industrial en el Estado español, recientemente nos desayunábamos con el proyecto de la mayor explotación de terneros de Europa, en los Monegros.
La curiosa interpretación del ejercicio de funciones propio de un gobierno autonómico perpetúa en Aragón los problemas por inercia en el ámbito medioambiental. La Asociación Naturalista de Aragón pedía hace unos meses a la Consejería que dirige el Sr. Olona datos como la cantidad de purines que se producen en Aragón y el número de explotaciones de ganadería industrial existentes. Las respuestas pusieron de manifiesto que el Gobierno de Aragón no conoce ni la cantidad de nitrógeno necesario para fertilizar el campo aragonés, ni el nitrógeno que se está aportando en realidad. Tampoco las explotaciones con licencia de construcción aprobada o solicitada. Dicen desconocer, para más inri, la capacidad de almacenamiento de los centros de gestión; esos lugares mágicos donde los purines desparecen (seguramente hacia el centro de la Tierra sin contaminar nada a su paso). Para colmo, se responde que estas preguntas deberían dirigirse a los Ayuntamientos y a los propios centros de gestión; como si el Gobierno de Aragón pasara por ahí y no tuviera ninguna responsabilidad al respecto. No parece posible planificar, gestionar y controlar la proliferación de la ganadería industrial en una Comunidad Autónoma si se carece de ese tipo de datos. Y si se dispone de ellos y no se entregan a la ciudadanía, ¿dónde está esa transparencia de la que tanto presumen, curiosamente, las Administraciones más opacas?
Por suerte, como siempre, nos queda la ciudadanía, que con su impulso está consiguiendo que muchos Ayuntamientos aragoneses hagan aquello de lo que se inhibe la Administración autonómica (y la estatal, que a pesar de sus competencias en temas como el agua, a pesar de las amenazas de sanciones europeas, sigue paralizada en este tema). Se está legislando en los municipios para protegerse de la contaminación y velar por la salud pública, evitando que se siga agravando la despoblación y destruyendo empleo para crear poco y precario, que sigan quedándose pueblos sin agua potable… El sector acusa la acción vecinal, la información de la que ahora dispone la ciudadanía gracias a los movimientos Stop Ganadería Industrial, y buscan ahora vendernos un “porcino verde y sostenible”. Tienen los medios y recursos para ello, sin duda. Pero seguirán teniendo enfrente a quienes resisten desde los territorios, a quienes difunden los verdaderos costes de esta industria. Hace menos de un año surgía la tercera plataforma oscense, SOS Ribagorza (sumándose a la veterana Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva y a la plataforma comarcal Hoya Huesca Viva) junto con la primera zaragozana (Malanquilla sin purines). Y, más recientemente, lo hacía la primera turolense (Aguas Vivas y Limpias), demostrando que la ciudadanía aragonesa, a pesar de la ley del silencio impuesta por la clase política y los medios de comunicación, sigue y seguirá defendiendo sus territorios ante la amenaza de la ganadería industrial.
